El asesinato de la adolescente Agostina Vega, de 14 años, volvió a poner en evidencia la persistente violencia contra las mujeres en Argentina y las graves falencias institucionales para prevenir y castigar estos crímenes. Lo que inicialmente parecía un caso policial trágico, se convirtió en un reflejo del funcionamiento deficiente de la justicia y de la política, además de la indiferencia ante señales previas de alerta.

Una de las irregularidades más graves ocurrió en la región Córdoba, donde la “Alerta Sofía”, clave para la búsqueda de personas desaparecidas, se activó con retraso, lo que pudo haber sido crucial para evitar la tragedia. A esto se sumó la falta de custodia en la escena del crimen tras la detención del principal sospechoso, Claudio Barrelier, lo que comprometió la investigación desde sus inicios.

Barrelier ya contaba con antecedentes por violencia de género y privación ilegítima de la libertad, pero su paso por la justicia fue fugaz y sin notificaciones a la denunciante, dejando en evidencia una posible protección institucional. Este caso además sacó a la luz un entramado político que favoreció al agresor: Barrelier mantenía vínculos con un sector político local, era barrabrava de un club de fútbol y «ahijado político» de un concejal destacado, lo que facilitó su inserción en el empleo público poco antes del femicidio.

La articulación entre una justicia con respuestas tardías y una red política que protege a agresores plantea un obstáculo fundamental para combatir la violencia de género en el país. La indignación social tomada como motor terminó en una masiva movilización nacional, recordando a los orígenes del movimiento Ni Una Menos, y volvió a exigir la revisión profunda de políticas de prevención, asistencia y sanción.

El caso de Agostina Vega, en paralelo con el femicidio de Chiara Páez, ambos adolescentes y símbolos de la brutalidad contra las mujeres jóvenes, ilumina la urgencia de romper estas cadenas de impunidad potenciada por el poder. La falta de controles en la contratación pública, la demora en la judicialización adecuada y el manejo cuestionable de la investigación constituyen una constante en muchos casos similares que siguen sin respuesta efectiva.