Organizaciones feministas y sociales convocaron a una concentración en Plaza Libertad para exigir políticas públicas que prevengan y protejan frente a la violencia machista.
La gobernanza en seguridad de la información coordina políticas y controles para proteger datos personales, financieros y facilitar el cumplimiento normativo en las organizaciones.
El gobernador de Córdoba dialogó con los abuelos de Agostina Vega y garantizó acompañamiento del Estado en la investigación del femicidio que conmociona a la provincia.
La Subsecretaría de Niñez y el Poder Judicial convocan a familias mayores de 25 años para adoptar y mantener unidos a Mateo y Camila, quienes actualmente están bajo cuidado institucional.
En San Luis ya se aplica la ley de modernización laboral aprobada por el Congreso, aunque se cuestionan aspectos puntuales como el pago en cuotas de indemnizaciones y sus intereses.
Desde la década de 1990, Venezuela ha resistido intensas presiones políticas y económicas internacionales, en un contexto de confrontación con Estados Unidos y sus aliados.
La investigación sobre la desaparición de Agostina Vega enfrenta críticas por la falta de respuestas claras y la necesidad de mayor transparencia en el proceso.
El Ejecutivo francés asegura citas en un máximo de dos días para estudiantes con dificultades de salud mental, mientras planea eliminar la contención física en psiquiatría para 2030.
La ampliación de la seguridad jurídica se plantea como un requisito esencial para la estabilidad y crecimiento del sector agrícola en Minas Gerais y Brasil, según la OAB-MG.
En los últimos 11 años, Argentina sufrió más de 3.400 crímenes por violencia de género, dejando miles de hijos e hijas huérfanos y revelando que la mayoría de los asesinos eran personas cercanas a las víctimas.
Un pequeño pueblo islandés transformó un paso de cebra tradicional en una ilusión óptica tridimensional para reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad vial.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa rechaza la propuesta del FMI, que afecta principalmente a asalariados y pequeños contribuyentes, y demanda un nuevo consenso fiscal para modificar el sistema tributario subnacional.