En los últimos once años, La Rioja contabilizó un femicidio aproximadamente cada 167 días, según un análisis basado en causas judiciales y registros públicos. Este período suma al menos 24 víctimas femeninas, entre mujeres y niñas, en hechos relacionados con violencia machista. La tasa provincial de femicidios es ligeramente superior a la media nacional, con años especialmente críticos como 2018 y 2021, en los que se registraron cuatro homicidios por año.

Detrás de cada cifra hay historias que evidencian fallas repetidas en la protección estatal y judicial. Muchos casos llegaron con denuncias previas, órdenes de restricción incumplidas o asesorías insuficientes, mientras que varios agresores se quitaron la vida antes de enfrentar condenas. Este panorama muestra un sistema que, a pesar de los avances legislativos, todavía presenta demoras judiciales y respuestas insuficientes ante la violencia de género.

El primer caso registrado corresponde a Romina Ríos, una joven de 18 años asesinada por su pareja policía en 2015, que generó fuerte impacto social previo al auge del movimiento Ni Una Menos en el país. Desde entonces, se documentaron femicidios como el de Noelia Menem, quien en 2016 fue atacada por su agresor violando una orden de restricción y que terminó con la condena de su asesino a prisión perpetua. Asimismo, en 2017, Elsa Gutiérrez falleció después de denunciar a su agresor, que había estado detenido brevemente previo al homicidio.

Especialmente violento fue 2018, año en que se registraron múltiples femicidios con historias similares de negligencias. Por ejemplo, Deolinda del Valle Torres fue asesinada por su expareja, a pesar de existir una orden de restricción vigente y denuncias hechas con anticipación; su agresor fue finalmente condenado pero años después del crimen. En ese mismo año, una niña de 11 años, Sabina Condorí, perdió la vida también en un contexto de violencia extrema.

Estos casos evidencian la persistencia de patrones de violencia y omisiones institucionales repetidas. La demora en aplicar medidas urgentes y la insuficiencia de protección de las víctimas continúan siendo obstáculos para frenar la violencia machista en la provincia.