La empresa constructora Sol Vial SA, que tiene a su presidente Facundo Dadin imputado por delitos como asociación ilícita y administración fraudulenta, mantiene contratos millonarios con el municipio de Berisso durante la administración del intendente Fabián Cagliardi. Esta situación ocurre en medio de investigaciones judiciales que involucran expedientes paralizados y manejos irregulares vinculados a desarrollos inmobiliarios ilegales en la región.

El conflicto tiene su origen en una causa que investiga la aprobación irregular de numerosos barrios privados en la zona, con un perjuicio económico estimado en cientos de miles de millones de pesos. Facundo Dadin, imputado en la causa junto a un ex intendente y otros ex funcionarios por falsedad ideológica y otros delitos, es también líder de la firma que sigue ganando obras públicas mediante contratos directos, sin licitación ni concurso.

Recientemente, el intendente Cagliardi firmó un convenio con la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) para adjudicar la construcción de tres playones deportivos en distintos barrios de Berisso a Sol Vial SA, por un monto que supera los trescientos millones de pesos. Las obras incluyen espacios públicos en El Carmen, el Parque Cívico y el Barrio Obrero, y se otorgaron sin proceso competitivo, lo que plantea dudas sobre la transparencia del procedimiento.

La denuncia judicial también detalla un mecanismo sistemático de extorsión que involucraba el paralizamiento deliberado de expedientes técnicos vinculados a desarrolladoras inmobiliarias, hasta que se accedía a la contratación exclusiva de Sol Vial SA para las obras civiles. Según testimonios oficiales, reuniones clave ocurrieron en un country donde funcionarios, incluidos ex secretarios municipales, habrían negociado condiciones beneficiosas para la empresa imputada alrededor de planillas de Excel que calculaban retornos ilícitos.

Este esquema de red de favores políticos y empresariales se ha extendido hasta figuras nacionales que, según la investigación, habrían funcionado como garantes del sistema. Mientras la Justicia profundiza la investigación, el poder político local no ha tomado medidas para frenar la adjudicación reiterada de contratos a la empresa señalada.