En el continente americano de los años 90, Estados Unidos dominaba con fuerza, imponiendo tratados como el TLCAN y procurando extender su influencia mediante el ALCA, un proyecto que buscaba un control económico total sobre la región. Sin embargo, Venezuela rompió con esta hegemonía tras sucesos como el Caracazo y finalmente con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, quien inició un modelo político progresista y se unió a una nueva propuesta de integración regional, el ALBA, en contraposición al ALCA.
El impulso que dio Chávez a un ciclo de gobiernos progresistas, acompañado por líderes como Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales y Néstor Kirchner, generó un replanteo en la correlación de fuerzas del hemisferio. Este cambio no fue bien recibido por la élite política y económica estadounidense, que aplicó diversas estrategias para desestabilizar al proyecto bolivariano, incluidas tácticas propias de las guerras híbridas, con apoyo en documentos oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Entre los ataques más notorios estuvo el golpe de Estado de 2002, que apenas duró dos días gracias a la rápida movilización popular, y la huelga petrolera que buscaba paralizar la estatal PDVSA, ocasionando escasez y caos. También hubo episodios violentos en la calle, conocidos como «guarimbas», que provocaron incendios en infraestructuras públicas y desabastecimiento, con consecuencias mortales y repercusiones sociales profundas. Después del fallecimiento de Chávez, el reconocimiento inmediato del gobierno de Juan Guaidó por parte de Estados Unidos marcó un giro aún más agresivo: la transferencia de activos en dólares y oro, el bloqueo financiero y la restricción de inversiones afectaron gravemente la economía venezolana, con una caída del PIB cercana al 90 % y una hiperinflación persistente.