El Parlamento de Ghana dio luz verde a una ley que establece penas de hasta tres años de prisión para quienes mantengan relaciones homosexuales y castigos mayores para quienes apoyen o promuevan actividades LGTB+. Este proyecto debe ser ratificado por el presidente John Mahama para entrar en vigencia.
La iniciativa, conocida como la ley sobre los derechos sexuales y los valores familiares, fue aprobada por unanimidad pero incluye ciertas excepciones para profesionales del derecho, medios de comunicación y del sector sanitario. La norma busca endurecer la legislación vigente, que data de la época colonial y prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo, aunque hasta ahora no se habían aplicado sanciones judiciales por estos motivos.
El expresidente Nana Akufo-Addo vetó la ley antes de finalizar su mandato, lo que obligó a que el Parlamento la reconsiderara, manteniendo sus medidas represivas. Por su parte, John Mahama, actual jefe de Estado, apoyó públicamente esta ley durante su campaña y tras asumir el cargo.
Ghana, un país con fuerte influencia religiosa y conservadora, sobre todo de mayoría cristiana, se suma así a un grupo de naciones africanas que han incrementado las sanciones contra la población LGTB+. En varios países del continente se contemplan penas de prisión prolongadas y, en algunos casos como Uganda o Mauritania, incluso la pena de muerte por la homosexualidad.
Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos han criticado la medida, señalando que vulnera garantías fundamentales. Este avance legislativo sigue a otras recientes reformas similares en países como Senegal, reflejando una tendencia de endurecimiento legal en la región frente a la comunidad LGTB+.