El Gobierno nacional reglamentó varios puntos clave de la reforma laboral sancionada meses atrás, estableciendo nuevas modalidades para la registración de empleados, la gestión sindical y la administración de licencias por enfermedad. Estas medidas quedaron formalizadas mediante el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forman parte de la implementación de la Ley de Modernización Laboral impulsada por la actual administración.
Uno de los cambios más significativos es la digitalización completa del registro laboral. Las altas, bajas y modificaciones de trabajadores ahora deberán cargarse exclusivamente en los sistemas informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sustituye así a los tradicionales libros laborales en papel que usaban las empresas. Esta centralización busca agilizar trámites y mejorar el control sobre la registración laboral.
Además, se modificó el régimen de licencias por enfermedad, donde desde ahora los certificados médicos serán electrónicos. En casos de desacuerdo entre el diagnóstico presentado por el trabajador y el control del empleador, se podrá recurrir a juntas médicas o instituciones especializadas para emitir un dictamen imparcial. Por otro lado, los acuerdos de desvinculación por mutuo acuerdo deberán ser supervisados por una autoridad administrativa para validar la legalidad del procedimiento y evitar irregularidades.
Los recibos de sueldo también sufrieron cambios importantes. Ahora deberán incluir un detalle más exhaustivo sobre cada concepto abonado y el costo laboral total asociado a cada trabajador. La intención es ofrecer mayor transparencia sobre la composición de las remuneraciones y facilitar la fiscalización administrativa.
En materia sindical, la reglamentación definió nuevas condiciones para que las organizaciones participen en negociaciones colectivas. Se establecieron criterios para resolver conflictos entre sindicatos con personería superpuesta y para que los cuerpos directivos reflejen proporcionalmente la cantidad de afiliados cotizantes. Estos ajustes pretenden ordenar la representación gremial y mejorar la negociación paritaria.
Finalmente, el Gobierno actualizó las normas que regulan a las empresas de servicios eventuales y estableció mecanismos de coordinación entre organismos estatales para agilizar trámites previsionales y laborales. Desde el Ejecutivo destacan que el conjunto de estas medidas apunta a simplificar procedimientos, reducir costos administrativos y modernizar el sistema laboral.
Sin embargo, sectores sindicales y especialistas en derecho laboral mantienen críticas, señalando que algunas de estas reformas podrían afectar derechos adquiridos y la protección de los trabajadores.