La reciente reglamentación de la reforma laboral avanzó con medidas concretas que impactan directamente en la forma en que se registran los empleados, se emiten los recibos de sueldo y se gestionan las licencias médicas. A través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno centralizó la registración laboral en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), eliminando la obligación de llevar libros laborales en formato físico o digital.
Con esta modificación, el alta y baja de trabajadores en el sistema de ARCA será suficiente para acreditar la relación laboral. Esta medida busca simplificar los trámites administrativos y ofrecer mayor transparencia en el control de los vínculos laborales. Además, se dispuso que los recibos de sueldo incluyan un desglose detallado de los costos laborales totales, como aportes sindicales, contribuciones a la seguridad social, obra social, ART y otros conceptos empresariales. Así, los trabajadores podrán conocer con exactitud tanto sus percepciones netas como los gastos que genera su empleo para la empresa.
Otro cambio relevante es la obligatoriedad de usar certificados médicos digitales para las licencias que impliquen reposo laboral. Estos certificados deberán emitirse a través de plataformas oficiales reconocidas por el sistema sanitario nacional y contar con la firma electrónica de profesionales habilitados. Solo en casos excepcionales, como fallas técnicas o problemas de conectividad, se aceptarán documentos en papel debidamente justificados. En situaciones de desacuerdo entre el diagnóstico del empleado y la empresa, se prevé la posibilidad de recurrir a juntas médicas oficiales o solicitar informes especializados.
En materia sindical, el decreto impone nuevas pautas de proporcionalidad en los cuerpos directivos, adecuando la representación a la cantidad real de afiliados cotizantes. La autoridad laboral podrá cruzar datos con registros oficiales para verificar la validez de las afiliaciones informadas, y se establecen requisitos renovados para el reconocimiento de personería gremial, con un seguimiento más estricto de la composición interna de los sindicatos.