Córdoba inauguró un nuevo marco legal para intervenir rápida y coordinadamente inmuebles ocupados por actividades vinculadas al narcotráfico o que presentan riesgos por abandono. La denominada Ley Antibúnker y Antiaguantaderos permitirá al Estado recuperar espacios utilizados para la venta de drogas y guaridas delictivas, así como intervenir edificios desocupados o deteriorados que afectan la convivencia ciudadana.
Este régimen combina mecanismos administrativos y judiciales para habilitar medidas preventivas como el cerramiento, clausura temporal o custodia de estos inmuebles, siempre respetando el debido proceso y sin invadir las competencias judiciales. En casos complejos, especialmente relacionados con narcotráfico, la Justicia podrá ordenar desalojos, demoliciones o la devolución de propiedades a sus dueños legítimos.
La iniciativa fomenta la cooperación institucional a través de la creación de una Unidad Interagencial y de un Registro Provincial de Bienes Intervenidos, destinados a articular el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio Público Fiscal, y los gobiernos municipales y comunales. Esta coordinación busca acelerar las intervenciones y asegurar la efectividad del proceso en todo el territorio provincial.
Además, el proyecto establece un modelo para la reinversión de los bienes y recursos decomisados en causas vinculadas al narcotráfico. El 60% de estos fondos se destinará al fortalecimiento operativo y tecnológico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% restante financiará programas públicos enfocados en la prevención y en la lucha contra el narcotráfico, impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Por último, el proyecto invita a las autoridades locales a sumarse mediante convenios de cooperación que faciliten la ejecución de intervenciones en sus jurisdicciones, promoviendo un trabajo conjunto para erradicar espacios utilizados por organizaciones delictivas y mejorar la seguridad comunitaria.