La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que las reformas tributarias impulsadas por el Fondo Monetario Internacional para Argentina resultan regresivas al sobrecargar a los trabajadores, pequeños contribuyentes y consumo, e ignoran el verdadero problema fiscal: los impuestos provinciales y municipales. Según la entidad, la propuesta del FMI aumenta la presión sobre el Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, el IVA y el régimen de Monotributo, impactando negativamente en el poder adquisitivo y encareciendo la formalización de quienes cuentan con menores ingresos.
El núcleo del conflicto radica en el sistema tributario subnacional, el cual impone una doble carga a las empresas a través del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales consideradas en teoría retributivas, pero que en la práctica significan un costo sostenido independiente de la rentabilidad del negocio. Este sistema genera un impuesto en cascada que se acumula en cada etapa productiva y comercial, afectando la competitividad y limitando la inversión y el empleo formal.
Además, las provincias aplican un complejo régimen de retenciones y percepciones que resultan en descuentos adelantados para los contribuyentes, superiores al impuesto realmente adeudado. Esto origina la formación de saldos a favor que no se pueden compensar plenamente, complicando la gestión financiera de las pymes.
En contraste con las recomendaciones del FMI, que no abordan esta problemática, CAME pidió la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal que involucre al Gobierno nacional, a las provincias y a los municipios. La meta central es reformar estructuralmente el sistema tributario subnacional para aliviar la presión sobre las empresas y reactivar la economía.
Entre los impactos que destaca la entidad, las cargas provinciales y municipales se traducen en un porcentaje directo sobre las ventas brutas, afectando la rentabilidad real de los negocios, mientras que las propuestas internacionales gravan más a los ingresos laborales y al consumo. Esta disparidad expone una visión parcial del diagnóstico fiscal que, según CAME, no apunta a los impuestos distorsivos que frenan la actividad económica.