El proceso judicial por el transfemicidio de Azul Semeñenko se acerca a su etapa decisiva con la finalización de la investigación, prevista para fines de junio. Tras la imputación de Roberto Daniel Sánchez, señalado como único sospechoso, se espera convocar al jurado popular que dictará sentencia en un caso que resonó por ser el primer crimen de este tipo registrado en Neuquén.
Azul, una mujer trans de 49 años, fue hallada sin vida junto a un canal en la ciudad en octubre de 2025, luego de permanecer desaparecida durante casi tres semanas. Su asesinato motivó una masiva movilización social que exigió respuestas claras y justicia para las víctimas de violencia de género y discriminación por identidad de género.
Las acusaciones contra Sánchez incluyen homicidio triplemente agravado: por ensañamiento, odio hacia la identidad de género y violencia de un hombre contra una mujer mediada por violencia de género. Esta calificación permite que el caso sea juzgado por jurado popular, una instancia que intentará demostrar el carácter de crimen de odio del hecho, vinculado a la discriminación sistemática que sufren las personas trans.
En la etapa de investigación han declarado referentes de ATTTA, organización que acompaña a la comunidad trans, para contextualizar las vulnerabilidades y la discriminación cotidiana que atraviesan estas personas. El hermano de Azul destacó tanto la generosidad como las dificultades que enfrentó en su vida, incluyendo la lucha por acceder a un empleo estable y las discriminaciones sufridas por su identidad.
Este juicio ocurre en un marco marcado por precedentes legales en Argentina, como la condena a cadena perpetua en 2018 por el travesticidio de Diana Sacayán, donde se reconoció el agravante de odio hacia la identidad de género. La calificación legal en este tipo de casos representa un desafío para el sistema judicial, que debe probar el contexto de hostilidad y discriminación como motivo central del crimen.