Miles de familias en Bariloche que habitan terrenos sociales sin la documentación formal podrán regularizar su situación durante seis meses más. El Concejo Municipal aprobó la prórroga por 180 días hábiles del régimen de regularización dominial para lotes sociales, una medida que busca facilitar el acceso a la documentación y servicios básicos para los beneficiarios.
El intendente Walter Cortés promulgó la ordenanza que extiende esta moratoria, que fue originalmente implementada el año pasado y permitió a más de 300 familias cancelar sus deudas y obtener escrituras. Esta normativa alcanza a todos los lotes sociales entregados por la Municipalidad y busca que las familias se acerquen al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social para iniciar el proceso de regularización.
La vicepresidenta del Instituto, Mariela Guerra, explicó que el costo mínimo para regularizar estos terrenos equivale a mil módulos fiscales, aproximadamente 373.000 pesos, mientras que el monto máximo estimado para la regularización no supera el millón de pesos. La moratoria también incluye casas municipales con deuda ubicadas en barrios del IPPV, integrando así planes de vivienda provinciales.
Regularizar la tenencia permite acceder a servicios municipales y gestionar la escritura de la propiedad, proceso cuyo costo ronda los 400.000 pesos. Guerra aclaró que estos valores son sociales frente al precio que tendría una escritura en el mercado inmobiliario privado.
Se calcula que permanecen sin regularizar unos 3.000 lotes sociales en la ciudad. Durante la primera fase de la moratoria se logró regularizar alrededor del 10% de estos terrenos. Algunos barrios con alta concentración de lotes pendientes son 29 de Septiembre, con 413 parcelas, y Alun Ruca, en la zona de San Francisco IV, con 450.
Para acogerse a este régimen, los lotes deben cumplir con ciertos requisitos: la ocupación efectiva del terreno debe haberse producido antes del 1 de abril de 2020, los beneficiarios no deben haber sido adjudicatarios mediante ordenanza previa, y deben cumplir con las condiciones vigentes, entre ellas no poseer otras propiedades ni haber sido beneficiarios en operaciones similares del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda.