La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) instó al Congreso a preservar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, cuya derogación total propone un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. La entidad alertó sobre los riesgos de eliminar una normativa clave para los derechos de consumidores y la salud pública sin contar con una legislación que la reemplace.

Más que un simple sistema de etiquetado frontal en los alimentos, la ley regula aspectos fundamentales como la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, la promoción de entornos escolares saludables y la implementación de criterios nutricionales en las compras públicas del Estado. Según ADPRA, su derogación generaría un vacío legal que afectaría estas áreas de protección esenciales para la población.

El etiquetado frontal, en particular, es una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la información clara y transparente sobre el contenido nutricional de los productos. Permite identificar de manera inmediata excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, disminuyendo la asimetría informativa entre empresas y consumidores, sobre todo para los sectores más vulnerables que dependen de señales visuales simples en lugar de datos técnicos complejos.

La protección de la infancia frente a la publicidad de alimentos ultraprocesados también fue enfatizada por ADPRA. Las restricciones contempladas en la ley responden a compromisos internacionales en materia de derechos de la niñez y buscan crear condiciones adecuadas para el desarrollo integral de las nuevas generaciones, limitando las estrategias de marketing que fomentan hábitos no saludables.

Además, desde las defensorías destacaron que promover una alimentación saludable es una política pública eficiente para prevenir enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y afecciones cardiovasculares. Estas medidas representan un ahorro para el sistema sanitario al reducir la necesidad de tratamientos costosos y complejos en el futuro.

El rechazo de ADPRA al proyecto de derogación contó con el respaldo del Defensor del Pueblo de Formosa y vicepresidente de la entidad, José Leonardo Gialluca, junto a representantes de diversas defensorías provinciales y municipales que reclamaron mantener vigente una norma que fue producto de un amplio consenso social y legislativo nacional.