El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que permite al gobierno coordinar con empresas tecnológicas una revisión previa de nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) antes de que estos se publiquen. Este mecanismo establece una ventana opcional de evaluación que no exige licencias ni autorizaciones obligatorias, manteniendo la política de no intervención frente a las grandes corporaciones tecnológicas.
La revisión voluntaria tendrá una duración máxima de 30 días, un periodo considerablemente reducido respecto a un borrador inicial que había planteado 90 días. Este ajuste facilitó superar resistencias internas y concretar la firma, que se realizó en privado. La finalidad principal de esta medida es promover la innovación en IA y garantizar la seguridad nacional, especialmente en materia de ciberdefensa y protección de datos confidenciales.
La orden, denominada Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security, fija responsabilidades específicas para fortalecer la ciberseguridad en sistemas gubernamentales y establece la creación de un centro dedicado al intercambio de información sobre vulnerabilidades relacionadas con la inteligencia artificial. Además, prioriza la persecución de delitos informáticos que utilicen herramientas de IA, con el objetivo de anticipar amenazas antes de que tecnologías más sofisticadas se generalicen.
Según el decreto, los desarrolladores podrán ofrecer acceso a nuevos modelos de IA a socios de confianza durante un plazo de hasta 30 días, bajo estrictos requisitos de confidencialidad, protección de la propiedad intelectual y acuerdos de no divulgación. Esta revisión busca detectar riesgos potenciales sin otorgar al Ejecutivo poder para imponer permisos previos obligatorios. El texto deja en claro que no se pretende implementar un sistema de licenciamiento obligatorio para la creación, publicación o distribución de modelos, incluidos aquellos considerados de frontera tecnológica.
Este enfoque representa un cambio respecto a propuestas anteriores más estrictas que contemplaban mayores controles y habían sido canceladas recientemente, marcando una postura más flexible en la competencia tecnológica con China y en la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos.