La administración de Estados Unidos presentó una propuesta para aplicar aranceles adicionales a productos importados de varios de sus principales socios comerciales, alegando que estos países no cumplen con la prohibición de importar bienes fabricados mediante trabajo forzoso. Entre las naciones señaladas figuran Canadá, México, Taiwán, Reino Unido, así como China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y Suiza.
El informe, publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), propone la imposición de aranceles del 10% a algunos países y hasta del 12,5% para otros. Esta medida responde a una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que determinó deficiencias en el control de importaciones derivadas de mano de obra forzada.
Según la definición incluida en el informe, el trabajo forzoso implica realizar un trabajo o servicio bajo amenaza de castigo, sin consentimiento voluntario del trabajador. La investigación se desprende de un fallo de la Corte Suprema estadounidense que limitó el uso de otra legislación (la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977), con la que el gobierno intentó imponer aranceles previamente, considerándolos excesivos.
El embajador del USTR, Jamieson Greer, explicó que la falta de acción de los socios comerciales genera una competencia desigual para los trabajadores estadounidenses, afectando sus condiciones laborales. También destacó la necesidad de que todos los países asociados redoblen esfuerzos para evitar que el comercio internacional contribuya a la explotación laboral a nivel global.
Estos aranceles no se aplicarían de forma inmediata, ya que están sujetos a un período de comentarios y revisión pública antes de su posible entrada en vigor. La medida refleja la intención del gobierno estadounidense de usar mecanismos legales alternativos para imponer restricciones comerciales relacionadas con la ética laboral internacional.