La provincia de Santa Fe enfrenta un desequilibrio fiscal significativo que persiste desde fines del año pasado y se profundizó en los primeros meses de 2026, según denunció el diputado Miguel Rabbia. De acuerdo con un análisis oficial del Ministerio de Economía provincial, el déficit acumulado supera los 590 mil millones de pesos, reflejando una crisis económica que el gobierno actual no ha logrado revertir.

El legislador atribuyó esta situación a una combinación de aumento de impuestos y tarifas, un incremento inédito del endeudamiento y una gestión económica que describió como ineficiente. Rabbia señaló que nunca en la historia de Santa Fe se había tomado tanta deuda pública, ya que la administración de Maximiliano Pullaro contrajo préstamos por más de 1.100 millones de dólares, incluyendo una emisión en Wall Street por alrededor de 800 millones. Solo el pago de intereses anual ronda los 67 millones de dólares.

Según explicó, para cerrar el ejercicio 2025 se aplicaron maniobras contables como la venta de títulos públicos heredados de gestiones anteriores y el aplazamiento de pagos por certificados de obra. Estas medidas permitieron ocultar parcialmente el verdadero déficit, que ese año alcanzó los 350 mil millones de pesos y ahora se agravó.

Además, Rabbia cuestionó el destino de los fondos obtenidos: cientos de millones de dólares se destinaron a obras como la tercera vía de la autopista Rosario-Santa Fe, cuya inversión, según el diputado, favorecería principalmente a empresas agroexportadoras. También mostró preocupación por el financiamiento externo que se utilizará para cubrir gastos vinculados a los Juegos Suramericanos 2026, a través de un fideicomiso creado con deuda externa.

El diputado remarcó que, pese a los aumentos en impuestos inmobiliarios, de patente y en las tarifas de servicios públicos como electricidad y agua, la provincia sigue con déficit y el poder adquisitivo de trabajadores estatales y jubilados se deteriora, afectando la economía regional. Para Rabbia, estas condiciones evidencian la falta de eficiencia en la gestión oficial, que contrasta con el discurso gubernamental.

Finalmente, vinculó la crisis económica local con el respaldo político que el gobierno provincial otorga a la administración nacional, cuestionando el rol de legisladores alineados con Pullaro que acompañan iniciativas que, desde su perspectiva, no contribuyen a revertir la situación financiera de Santa Fe.