La Fundación Faro, vinculada al oficialismo libertario y dirigida por Agustín Laje, enfrenta un requerimiento formal de la Inspección General de Justicia (IGJ) para aclarar quiénes aportaron los fondos que explican su crecimiento patrimonial durante el último año. El organismo instó a la entidad a detallar los donantes que estuvieron detrás de ingresos cercanos a los $5.000 millones declarados en 2024.
La IGJ tomó esta medida tras analizar la documentación contable presentada, donde detectó la necesidad de individualizar las contribuciones que superaron ciertos umbrales establecidos por la normativa vigente. A la fundación se le concedió un plazo de diez días hábiles para completar esta información, en un trámite que es de carácter administrativo y no implica necesariamente acusaciones formales.
El saldo económico de la Fundación Faro reveló un salto inédito si se compara con años anteriores. Mientras que durante 2023 esta organización, que antes operaba como Fundación Valorar, tenía un patrimonio neto cercano a $12 millones, para 2024 esa cifra escaló a más de $4.394 millones, lo que representa un crecimiento de más de 350 veces en solo un ejercicio.
Este fuerte crecimiento coincide con la mayor visibilidad pública y política de la fundación, que ganó protagonismo mediante actividades académicas, publicaciones y eventos que convocaron a dirigentes, empresarios y figuras afines al Gobierno nacional. La institución se consolidó como un espacio de difusión de ideas liberales y conservadoras vinculadas al oficialismo.
Un punto central que llamó la atención en el análisis de los estados contables fue el destino dado a los fondos recibidos. Una parte considerable no se destinó a gastos operativos, sino que fue colocada en inversiones financieras, lo que potenció la acumulación patrimonial de la entidad.
Este requerimiento de la IGJ busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de una organización sin fines de lucro que experimentó una transformación financiera acelerada. La legislación argentina establece mecanismos para que aquellas entidades que reciben donaciones por montos significativos identifiquen el origen de estos aportes, resguardando así la legalidad y el correcto uso de los fondos.