El ajuste fiscal en Argentina enfrenta un límite claro: el gasto público primario se encuentra en su nivel más bajo en más de una década, pero la recuperación de la recaudación tributaria todavía no es suficiente para aliviar la presión sobre las cuentas públicas. El gobierno anunció una disminución escalonada de los derechos de exportación para el agro y la industria, medida que reflejó la falta de espacio presupuestario para 2026, según reconoció el ministro de Economía.

El último presupuesto oficial prevé una reducción del gasto público primario al 14,1% del PIB durante el año, frente al 14,6% registrado el año previo, cifra que representa la participación más baja del gasto sobre la producción desde 2006. Este recorte se fundamenta en disminuciones en rubros clave como las jubilaciones y pensiones contributivas, el gasto de capital y los subsidios a la energía, todos exhibiendo una tendencia decreciente desde 2024.

Al analizar el gasto primario acumulado en el primer cuatrimestre de 2026, se observa que está cinco puntos porcentuales del PIB por debajo del promedio de la última década. En detalle, las jubilaciones y pensiones contributivas bajaron un punto porcentual, el gasto de capital casi un punto, y los subsidios a la energía redujeron su intervención en 0,7 puntos del PIB. Otros recortes importantes incluyen menores salarios públicos por licuación y menores transferencias corrientes a las provincias.

Sin embargo, continuar con la reducción del gasto público encuentra obstáculos crecientes. Sectores como universidades, salud y discapacitados han expresado fuertes protestas frente a posibles recortes adicionales. Además, la mitad del gasto público está indexado a la inflación, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, lo que genera un aumento real de esos gastos si se retoma la desinflación.

En cuanto a la recaudación, después de registrar una caída real interanual durante nueve meses consecutivos, esta mejoró parcialmente por pagos anticipados del impuesto a las Ganancias en mayo, aunque la presión fiscal sigue siendo baja. La aplicación de nuevas alícuotas para retenciones a la agroindustria aportará ingresos adicionales, pero la puesta en marcha del Fondo de Auxilio Local (FAL) impactará negativamente en los recursos de la Anses.

El Gobierno enfrenta dos caminos para mantener el equilibrio fiscal: ampliar la recaudación o profundizar el ajuste del gasto público. El ministro de Economía admitió que avanzar en recortes adicionales parece cada vez más difícil, por lo que la ampliación de ingresos fiscales aparece como la alternativa necesaria para sostener el equilibrio presupuestario.