El Gobierno de Santa Fe continúa evaluando la posible adhesión a la reforma impulsada por la Nación sobre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Por el momento, no se realizarán alteraciones en el sistema provincial vigente, que seguirá operando bajo las mismas condiciones que hasta ahora.
La nueva normativa nacional permite que, además de los talleres certificados, talleres mecánicos, concesionarias e importadores puedan efectuar las inspecciones técnicas vehiculares. También introduce una flexibilización en las tarifas del servicio y cambios en la frecuencia de las revisiones, incluyendo la posibilidad de ampliar el plazo para la primera inspección de vehículos cero kilómetro.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), su secretario Carlos Torres explicó que Santa Fe aún no definió si se sumará total o parcialmente a esta reforma. Destacó que la prioridad es analizar qué opción beneficia más a los santafesinos y aseguró que la provincia mantiene un sistema regulado con 28 talleres autorizados distribuidos en su territorio, cuyas tarifas están vinculadas a la evolución del precio de los combustibles.
Uno de los puntos de mayor discrepancia con el modelo nacional es la extensión del plazo para la primera revisión técnica, que la Nación propone de tres a cinco años. Santa Fe se opone a esta medida basándose en datos de su observatorio provincial, que evidencian una cantidad significativa de irregularidades detectadas en los controles iniciales. Para el funcionario, la seguridad vial exige mantener controles estrictos y periódicos para minimizar riesgos.
Además, desde los centros de inspección vehicular locales surgieron objeciones sobre la reforma nacional. Carlos López, director de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, cuestionó que talleres mecánicos o concesionarias puedan realizar las revisiones, pues esto podría generar un conflicto de intereses al combinar la detección de fallas con la posterior oferta de reparación, comprometiendo la independencia del diagnóstico.
El debate sobre la posible incorporación de la reforma contempla cómo equilibrar la flexibilización del sistema con la garantía de seguridad vial, uno de los ejes centrales en las decisiones provinciales respecto a la RTO.