El Parlamento de Panamá analiza un proyecto de ley que endurece las reglas para la apertura y funcionamiento de los albergues dedicados a la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad. La iniciativa responde a cuestionamientos sobre la supervisión actual, especialmente en centros administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que actúa simultáneamente como operador y fiscalizador.
El debate se centra en separar las funciones de gestión y control para evitar conflictos de interés. Hasta ahora, la Senniaf gestiona sus propios albergues y también supervisa estos espacios, lo que ha generado críticas y denuncias por presuntas irregularidades en algunos centros, como el caso del Centro de Atención Integral de Tocumen.
El proyecto deroga el Decreto Ejecutivo vigente que regula estos centros y eleva sus disposiciones a rango de ley para implementar controles más estrictos, responsabilidades definidas y mecanismos claros de supervisión. Entre las propuestas destacadas está modificar la Ley 6 de la Senniaf para asignar a su Junta Directiva competencias específicas en el tema y crear una oficina en el Ministerio de Desarrollo Social encargada de la vigilancia independiente sobre estos albergues.
Este cambio busca una supervisión institucional más sólida e imparcial, permitiendo que cualquier irregularidad detectada pueda reportarse y sancionarse de forma clara ante las autoridades correspondientes. El análisis del proyecto avanza en una mesa técnica de la subcomisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia, liderada por la diputada que propuso la norma.
Con esta reforma, Panamá pretende reforzar la protección de grupos vulnerables que dependen del Estado, garantizando que los centros de acogimiento cumplan rigurosamente con su función y bajo estándares de transparencia y responsabilidad definidos por ley.