El debate sobre la regulación y los costos de la energía en Argentina cobró fuerza tras las declaraciones del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, quien afirmó que el objetivo principal es transparentar el precio real del gas para que las decisiones sobre subsidios queden claras y ajustadas a la realidad del mercado.

González explicó que el Estado debe decidir de forma más precisa a quién subsidiar, evitando transferir recursos a industrias que pagan costos altos por gas natural licuado (GNL) o a la generación eléctrica con precios elevados. En ese sentido, defendió la idea de trasladar el impacto económico a los meses de menor consumo para proteger sobre todo a la demanda residencial durante los picos de invierno, favoreciendo un consumo más racional basado en señales de precios legítimas.

Uno de los puntos críticos que mencionó fue el reciente aumento de los precios internacionales del GNL, consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y el bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, vía principal para el traslado del 20% del crudo y el GNL mundial. Ante esto, el gobierno suspendió licitaciones privadas que ofertaban costos excesivos y optó porque ENARSA —la empresa estatal— adquiriera directamente las cargas de GNL, distribuyéndolas luego al costo de compra más los gastos de regasificación. Así, se busca mantener el costo total para el consumidor final dentro de márgenes razonables durante todo el invierno.

En cuanto a la política de subsidios en zonas frías, González cuestionó la vigencia actual que incluye áreas con climas templados, generando inequidades porque usuarios sin condiciones extremas terminan subsidiando a otros. La propuesta del gobierno es retornar a un sistema que solo beneficie a la región patagónica considerada verdaderamente fría, apuntando a subsidiar exclusivamente el consumo efectivo de gas y no impuestos ni cargos fijos. Esta medida, señaló, representaría un ahorro significativo para el presupuesto nacional, aunque ha generado oposición por parte de gobernadores.

Por último, el secretario se refirió al régimen de incentivos fiscales y cambiarios para grandes inversiones (RIGI), catalogándolo como un éxito que impulsa proyectos de infraestructura energética a mayor escala. Anunció la aprobación de nuevas iniciativas que consolidarán esta política y atraerán más inversiones al sector, fortaleciendo el desarrollo energético del país.