El contrabando de celulares se ha convertido en un problema creciente que impacta de manera significativa en el mercado formal argentino. Según un estudio elaborado por la consultora MAP, el flujo ilegal escaló del 7 % al 35 % del total de celulares comercializados en el país, lo que significa que uno de cada tres dispositivos circula fuera del circuito oficial.

Esta situación responde, en parte, a la eliminación de controles y verificaciones técnicas que antes permitían frenar el ingreso ilegal de productos. Entre estos mecanismos, fueron suprimidos los veedores sectoriales en importaciones, ciertos registros de exportadores e importadores y controles previos de ANMAT, especialmente para productos higiénicos y domisanitarios, lo que debilitó la capacidad estatal para monitorear y regular la frontera comercial.

El fenómeno se evidencia con claridad en el mercado de celulares, donde el comercio ilícito alcanzó un valor cercano a los 1858 millones de dólares en 2025, casi la mitad en comparación con las ventas formales nacionales, que se ubicaron en alrededor de 2311 millones de dólares. La magnitud del ingreso ilegal se acerca a las 50.000 unidades semanales, divididas principalmente entre pasos fronterizos terrestres y aéreos: la mitad proviene de Paraguay por el paso de El Dorado, y la otra mitad llega a través de Panamá por el aeropuerto de Ezeiza.

Desde el Ministerio de Seguridad, se han intensificado los trabajos para controlar las fronteras y diseñar un plan específico contra el contrabando. Las autoridades saben que cada celular posee un código de identificación único que permite diferenciar si fue importado legalmente y para qué mercado fue fabricado. Sin embargo, una vez que estos celulares ingresan al país de manera irregular, se comercializan mediante redes sociales, plataformas digitales y grupos de WhatsApp, dificultando su rastreo.

El factor clave que alimenta el comercio ilegal es la diferencia de precios con respecto al mercado formal, lo que genera un fuerte incentivo para consumidores y vendedores informales. El contrabando no solo afecta a los fabricantes y distribuidores formales, sino que también ocasiona pérdidas fiscales y riesgos para los usuarios, que adquieren dispositivos sin garantía ni soporte técnico oficial.